Por ello que en México, el día 12 de junio de 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual garantiza el acceso de todo individuo a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los tribunales administrativos federales, órganos constitucionales autónomos, etc., y teniendo entre sus objetivos, el transparentar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos para que puedan evaluar el desempeño de las Autoridades y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

publicidad de la información por encima de la reserva; y concede a los individuos el derecho de solicitar información que aún no se ha hecho pública, por medio de procedimientos sencillos y expeditos.

Así mismo otorga a cualquier persona el derecho de interponer el recurso de revisión en contra de la decisión de una Autoridad a negarse a entregar la información, concediéndole también el derecho de llevar a la entidad a juicio ante tribunales si el recurso interpuesto es rechazado.

En el Estado de Nuevo León, fue el 20 de diciembre del 2002 cuando el Congreso Local aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual entró en vigor el día 22 de febrero del 2003, esta ley tiene como objetivo salvaguardar el derecho que tienen los gobernados a conocer la información pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los Municipios y los organismos autónomos como la Comisión Estatal Electoral, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Tribunal Estatal Electoral. 

En nuestra ley se establece la forma en que los gobernados podemos obtener la información, así como el procedimiento para determinar en caso de duda, cuando es pública o no y en caso de serlo, ordenarle a la Autoridad que haga entrega de la información.

Cabe señalar que, el que exista una legislación en materia de acceso a la información pública no garantiza que sea efectiva la práctica de este derecho ciudadano, por esta razón es necesaria la creación de organismos encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, como es el caso de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León (CAIPNL) y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Ejercer nuestro derecho a saber y acceder a la información pública hará posible en primer término, que la sociedad al encontrase informada formulará propuestas para mejorar nuestro entorno y que participe durante el proceso de la toma de decisiones del gobierno; y en segundo las Autoridades tendrán la obligación de hacer más transparente el uso y destino de los recursos públicos así como fortalecer una cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos, por ello lo invito a que haga efectivo este derecho fundamental y a que forme parte de la nueva cultura de la transparencia.