La Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado (CAIP) tiene el reto inmediato de recuperar la credibilidad y confianza institucional, con el propósito de ser un órgano respetado y reconocido tanto por la autoridad como por la sociedad civil. Sin embargo, su visión va más allá del mejoramiento de su imagen, pretende influir culturalmente para lograr crear nuevos hábitos y actitudes en las estructuras públicas y en los ciudadanos. Por un lado, los gobiernos deben facilitar y divulgar información cualitativa y cuantitativa no por obligación legal o por exigencia ciudadana, sino como forma de ser de la vida gubernamental. Debe ser una decisión natural, espontánea y libre del servidor público, refrendando su condición precisamente de servir en el contexto de lo público. La información pública es y hace “capacidades” para solucionar problemas comunes y acelerar intervenciones para el progreso en la vida pública. Es muy importante subrayar que el uso de la información pública al margen de esta dimensión pudiera cargar un delito o se convierte en un instrumento de poder de personas o de grupos. Por ello, la importancia de no perder de vista que la información pública posee una naturaleza del bien común, por lo tanto, su tratamiento sólo es válido para fines del orden público. Por otro lado, el tener acceso a información pública es un medio infalible al que tiene derecho el ciudadano para lograr un objetivo de bienestar social. El poseer información pública o en lo sucesivo exigirla únicamente para fines de conquistas solitarias o de presunción gremial para denotar poderío, produce una agresión a la sociedad principalmente porque se está valiendo de ella para fines particulares. Quien exige y hace uso de información pública debe llevar consigo el proyecto de justificación y que se valida únicamente con ejercicio de políticas públicas o sociales. Con este apunte valorativo se forma otro enfoque ineludible que debe programar la CAIP. Ya no sólo concientizar y vigilar a los gobiernos para que proporcionen información a la ciudadanía, sino montar operativos para que el uso de la información pública repercuta en el crecimiento y desarrollo de nuestra entidad.
Politizar o despolitizar la CAIP
Sería absurdo intentar mantener a la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado, al margen de la política. Por su propia naturaleza es promotora de la actividad cívico- política. Lo que sí es válido es vacunarla contra personas o instituciones que aspiran al poder. Esta medida defensiva no es con el afán de anular sus derechos políticos, sino porque es natural que esta aspiración procura acumular información y conocimiento como ejes instrumentivos para alcanzar el poder y ya afirmamos que la información pública no es un medio, sino un fin pragmático. El respeto y reconocimiento sostenible de la CAIP se va a lograr no por una capacidad creativa hacia la imagen institucional, sino por sus acciones estructurales con visión que profundizan más allá del oleaje del poder. Acciones sustentadas en el plano de la educación y de la academia para acelerar los nuevos procesos culturales. La única forma de influir en la idiosincrasia, costumbres e identidad de un pueblo, es a través de la educación. Lo perfecto para un país en vías de desarrollo sería que hubiera transparencia en la información pública no por necesidad, sino por una forma de ser de los mexicanos que decidieron colaborar con el Estado en los asuntos del bien común. La democracia depende del desarrollo de premisas fundamentales y una de ellas es la transparencia de la información pública. Nuevo León ya generó su aporte con la voluntad política del poder ejecutivo y legislativo al instalar la CAIP. No es sencillo que una autoridad decida crear su propia conciencia crítica por llamarlo de alguna manera. De hecho la democracia no es cuestión de aprobación legislativa, sino de voluntad política.
Proceso de Elecciones
A la CAIP no le corresponde transparentar la planeación y organización de las elecciones, pero si puede capacitar a los futuros servidores públicos en la asignatura de la transparencia de la información, iniciando con teoría política, el marco legal y desde luego en el manejo de metodologías de intervención para la divulgación de la información. Es fundamental que los gobernantes estén convencidos de la necesidad de contar con estructuras públicas transparentes que recuperen la confianza de la población. México avanzó en la democracia cuando se logró instalar el IFE y las Comisiones Estatales Electorales. Ahora para saber si la democracia dio otro paso más en la búsqueda de la consolidación, tendríamos que evaluar en función de la transparencia.
La autora es Comisionada Supernumeraria de la CAIPNL. |
